Un 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el Gobierno de Felipe González, que había logrado una cómoda mayoría y gobernaba en solitario, aprobaba la Ley de Objeción de Conciencia (LOC). Corría el año 1984 y, para entonces, los colectivos que se oponían al servicio militar obligatorio (en vigor en España desde que lo instaurase Carlos III a finales del siglo XVIII) ya habían anunciado que se opondrían a ella. De esta forma, a principios de 1985, hace ahora 40 años, se iniciaba en España un movimiento en contra de la mili, que alcanzaría cotas de apoyo popular inéditas en Europa.
Es cierto que en muchos países de nuestro entorno, desde finales de los años 70 del siglo pasado, los colectivos pacifistas se habían movilizado contra la instalación en el continente de los llamados euoromisiles, un centenar de cohetes balísticos que la OTAN decidió colocar en suelo de la Alemania Occidental, Reino Unido, Italia, Bélgica y Holanda, para hacer frente a los que la URSS había instalado, apuntando a Occidente, en Checoslovaquia y Alemania Oriental, dos países del Pacto de Varsovia.
A esta situación de crisis internacional, la última grave de la Guerra Fría antes de la caída definitiva de la Unión Soviética en 1991, se sumaron en España otras razones que hicieron eclosionar un movimiento que hasta entonces se había mantenido circunscrito a los colectivos religiosos contra el servicio militar y, por extensión, contra la guerra, y un puñado de militantes de partidos extraparlamentarios como el MC (Movimiento Comunista) o la LCR (Liga Comunista Revolucionaria). Sin embargo, la paulatina radicalización de los diversos grupos pacifistas, la campaña previa al referéndum de la OTAN en 1986 (con la decepción que supuso para una parte de la izquierda moderada el cambio de postura del PSOE con respecto a la entrada o no de España en la estructura militar de la Alianza Atlántica) y la participación de nuestro país en la primera guerra del Golfo, en 1991, en la que el Gobierno socialista había incluido a varios reclutas que hacían el servicio militar en la fragata que enviaron de apoyo a Kuwait, que acababa de ser invadida por el Irak de Sadam Hussein, fueron las causas de la extensión de la desobediencia civil entre amplias capas de la población, no necesariamente las más politizadas.
A pesar de que la negativa a realizar el servicio militar obligatorio se castigaba durante la dictadura franquista con penas de cárcel en una prisión castrense, miembros de la iglesia de los Testigos de Jehová llevaban años negándose a vestir el uniforme, asumiendo con ello las graves consecuencias que conllevaba. El primero de ellos, según relata Pablo García Sánchez en su artículo La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, aparecido en la revista del Grupo de Estudios de Historia Militar (2018), fue Alberto Contijoch, en 1959, al que le siguieron varios integrantes más de las diferentes comunidades religiosas. Todos ellos eran primeramente conducidos a los calabozos y posteriormente encadenaban una serie de condenas a prisión que llegaron a convertirse en un problema para el régimen. Esa fue la razón por la que, en 1973, se aprobó una ley mediante la cual aquellos que se negaban a vestir el uniforme deberían cumplir una sola condena de entre tres y ocho años de prisión, y de esta forma quedaban definitivamente excluidos de cumplir el servicio militar.
No obstante, unos años antes, en enero de 1971, se había declarado objetor de conciencia José Luis Beunza, el primero que lo hacía por razones políticas. Pepe Beunza, explica García Sánchez, era un objetor "católico, no violento y pacifista, que vio en el empleo de la desobediencia civil pacífica la mejor arma propagandística para denunciar el carácter dictatorial del régimen y su disconformidad con realizar el servicio militar". Ese mismo año, fue juzgado en consejo de guerra, ingresó en prisión, donde pasó 18 meses y, posteriormente, fue enviado a un batallón de castigo en el Sáhara, 15 meses más. Con el caso Beunza, señala Pedro Oliver Olmo en su estudio académico El movimiento de objeción de conciencia e insumisión en España (1971-2002), publicado en la revista Hispania Nova, "emergió un tipo de objeción de conciencia pacifista, que el franquismo interpretó en clave ideológica, lo que provocó un insólito impacto político".
La objeción de conciencia, que empezó como un movimiento religioso de rechazo a la guerra, se extendió al resto de la sociedad
Y así, tras ese precedente, empezaron a surgir activistas que propugnaban la no violencia, no ya desde postulados religiosos, sino ideológicos. De esta forma, continúa el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, en febrero de 1976 fueron encarcelados en Figueras cinco jóvenes que hicieron pública su "negativa a hacer la mili con argumentos pacifistas y de utilidad social y pedían la realización de un servicio civil alternativo de trabajos comunitarios y de apoyo al movimiento ciudadano en el barrio de Can Serra de Hospitalet de Llobregat".
Los indultos y la Constitución
De la amnistía a los presos por "delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión" aprobada por el Gobierno de Suárez en julio de 1976 se pudieron beneficiar todos esos objetores. No obstante, el movimiento había cogido ya impulso y en enero del año siguiente, un grupo de 75 de ellos creó la primera plataforma a partir de la cual se coordinarían los diferentes colectivos formados en distintas provincias. Nacía así el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), formado por activistas de distintas corrientes políticas de la izquierda que confluyeron en la idea de instrumentalizar la desobedecía civil como arma política.
La amplia amnistía de octubre de 1977 puso en liberad a más de 200 objetores y, finalmente, la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 parecía dejar solucionado el problema, al menos temporalmente, al recoger en su artículo 30 la posibilidad de que una ley regulase "con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria".
Habría que esperar a 1984 para que el Gobierno aprobara la LOC y creara el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, para estudiar las solicitudes y regular la prestación social. El MOC ya había anunciado su rechazo a una ley que no reconocía, según ellos, la objeción de conciencia en su sentido amplio (ya que muchos casos no estaban contemplados), por lo que solicitó al Defensor del Pueblo que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad al TC y lanzó la conocida como campaña de la carta colectiva que, bajo el lema de o todos o ninguno, tuvo un éxito inesperado por la autoridades del Estado y del estamento militar.
Se calcula que, cuando el gobierno del PP suprimió el servicio militar obligatorio, se habían declarado insumisos unos 20.000 jóvenes
Entretanto, la campaña anti-OTAN había movilizado a gran parte de la ciudadanía, momento que partidos de la extrema izquierda como el MC y la LCR aprovecharon para crear el colectivo antimilitarista y, según se autodenominaban, revolucionario Mili KK, que empatizó rápidamente con grupos de okupas, de anarquistas y de autónomos. Es entonces cuando comienza a surgir un nuevo concepto: insumisión, rápidamente adoptado tanto por el MOC como por el resto de colectivos a partir, sobre todo, de la aprobación en enero de 1988 del reglamento que fijaba la prestación social sustitutoria (PSS) en 18 meses, el mismo tiempo que entonces duraba el servicio militar.
Apenas un año después, el 20 de febrero de 1989, relata García Sánchez, "los primeros 57 insumisos se presentaron públicamente ante las puertas de los Gobiernos Militares de diferentes ciudades para mostrar su negativa (siendo 11 de ellos detenidos), y poco a poco irían ganando cada vez más seguidores". Y es que, explica Oliver Olmo, "la capacidad movilizadora de los Mili KK se hizo notar. También hubo protestas contra la prisión militar de algunos objetores sobrevenidos o a media mili (como José Manuel Fierro, declarado en 1988 preso de conciencia por Amnistía Internacional) y ocupaciones pacíficas de sedes del PSOE".
Para intentar frenar el avance del movimiento, el 1 de diciembre de 1989 se decretó una amnistía de la que se beneficiaron, explica Oliver Olmo, "más de 27.000 objetores antiguos que habían sido reconocidos antes de que se reglamentara la PSS". Sin embargo, el estallido de la Guerra del Golfo en el verano de 1991 precipitaría las cosas e insuflaría al movimiento un impulso inusitado. Al conocerse que en la flotilla de apoyo enviada por España había soldados que estaban cumpliendo el servicio militar, se llevaron a cabo varias campañas en oposición a la participación española en la guerra, como la recogida de firmas contra el envío de soldados al escenario del conflicto.
En diciembre de ese año, el Gobierno socialista, ya bastante debilitado debido a los incesantes casos de corrupción que aparecían a diario en la prensa, intentó apaciguar el estado de ánimo y, mediante una ley, redujo el tiempo de mili a sólo nueve meses, el de la PSS a 13 y pasaba los casos de insumisión de la jurisdicción militar a la civil. Estos esfuerzos fueron sin embargo poco eficaces, ya que, explica García Sánchez, "la gran masa existente de objetores suponía que el Estado no tenía capacidad de generar plazas de trabajo suficientes para todos, algo perceptible si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en 1993 unos 60.000 objetores de conciencia estaban a la espera de que se les asignase un puesto donde realizar sus cometidos". A esto hay que añadir el aumento paulatino de los insumisos, a partir de 1992, como señala Oliver Olmo: "Los detenidos en prisiones provinciales eran 17 en ese año; 157 en 1993; 165 en 1994; 182 en 1995; y 315 en 1996. Pero aumentaba mucho más el número de insumisos no enjuiciados, que se calculan en 10.800 para 1994".
A diferencia de lo que ocurre en algunos países europeos, en España ningún partido político incluye en su programa la vuelta de la mili
Con la victoria del PP en las elecciones de 1996, el primer Gobierno de Aznar anunció el fin de la mili para 2003. Pero sólo dos años después, en 1998, dado que ya había más jóvenes haciendo la PSS que en los cuarteles, se promulgó una ley que equiparaba el tiempo de ambos servicios a nueve meses. La realidad obligó al Gobierno a adelantar las fechas y el 31 de diciembre de 2001 se licenciaba el último contingente de soldados de reemplazo.
Pese a que durante la larga campaña de movilización se habían llegado a contabilizar hasta unos 20.000 insumisos, y a que la sociedad, concluye Oliver Olmo, "otorgaba poca credibilidad a la PSS", el fin de los reclutamientos forzosos fue también el fin del movimiento antimilitarista, que vio poco a poco cómo iba perdiendo el inmenso apoyo social que lo había convertido en el más activo de toda Europa.
¿Vuelve el servicio militar?
El final de la Guerra Fría no significó, como muchos auguraron, el fin definitivo de los conflictos armados. La guerra de Yugoslavia durante toda la década de los 90 del siglo pasado devolvió a Europa imágenes que se creían relegadas a los libros de Historia. Además, a los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, siguió la segunda guerra del Golfo y la de Afganistán, el largo enfrentamiento civil en Siria, donde acaba de instaurarse un gobierno islamista, una ofensiva del yihadismo contra Occidente y la guerra que en Oriente Próximo libra Israel contra el fundamentalismo iraní. El rearme militar de China y la invasión rusa de Ucrania, con el grave riesgo de confrontación nuclear, han devuelto al debate público una cuestión que se creía ya superada: ¿es necesaria la vuelta del servicio militar obligatorio para hacer sostenibles los ejércitos de los países europeos?
En España no parece que la cuestión tenga visos de prosperar y ningún partido político lo ha contemplado en su programa, como sí lo hacen los conservadores del Reino Unido, pero lo cierto es que hace unos años el presidente Emmanuel Macron promovió en Francia un mes de servicio obligatorio para hombres y mujeres, y hace sólo unos meses el socialdemócrata Boris Pistorius, a la sazón ministro de Defensa alemán, anunció la posibilidad de introducir un servicio de 12 meses para movilizar hasta 7.000 reclutas, ya que, advirtió, "Alemania tiene que estar preparada para la guerra en 2029 porque Putin puede atacar a la OTAN en cinco años". La Alianza Atlántica continúa ampliándose hacia los países de la vieja órbita soviética y sus miembros han anunciado que dedicarán al menos un 2% de su PIB al gasto militar.
La sensación de peligro, que no se tenía en el continente desde la caída del Muro de Berlín, se ha vuelto a instalar y, con el fin de disponer de un Ejército con efectivos fijos, en Europa existen al menos 10 países que conservan, con diferentes variantes, un servicio militar obligatorio: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Francia y Grecia. En España no existe la misma sensación de riesgo para la seguridad, y el recuerdo de aquel movimiento que suscitó un apoyo social tan masivo disuade a todos los partidos de proponer una cuestión que les lastraría electoralmente.